Portada: el Presidente Alberto Fernández cuando hizo el anuncio en Puerto General San Martín rodeado de gobernadores.
Con el regreso del Estado a la administración, el Gobierno tendrá más y mejor información respecto de los procesos financieros, administrativos y operativos.
Luego de la puesta en marcha de la tarea administrativa, el regreso del Estado Nacional al control de la Vía Navegable Troncal (VNT) es un hecho. Por medio de la Administración General de Puertos (AGP), el Gobierno ya administra la principal ruta marítima de las exportaciones de nuestro país.
La AGP comenzó el relevamiento del sistema hidrométrico para determinar el estado de los mismos e iniciar el registro de niveles acuáticos en medio de la crisis hídrica que afecta al Paraná.
La primera semana de gestión estatal contó además con la continuidad de todas las tareas de dragado y de balizamiento necesarias para sostener la operatividad de la Vía Navegable Troncal, despejando una de las principales dudas del sector privado, que pedía una transición sin interrupciones del servicio.
Entre otros puntos, la concesión transitoria delegada a la AGP -que comanda José Beni- emitió las primeras facturas del cobro de peaje, uno de los aspectos centrales del nuevo esquema que regirá hasta que el Ente de Control y Gestión adjudique la futura licitación.
La primera factura emitida desde la AGP fue para un buque granelero -el tipo de buque que más circula por la VNT- proveniente de Singapur, con destino a Rosario (Santa Fe), y se generó en la misma madrugada del domingo 12 de septiembre.
Mientras la AGP administra el canal fluvial, el Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado a fines de agosto, organizará en paralelo la licitación larga y adjudicará el futuro contrato por el dragado, balizamiento, control hidrométrico y cobro del peaje de la vía por la que se traslada el 80% del volumen del comercio exterior argentino. El proceso de finalización de la actual concesión se originó hace un año como resultado directo de la conformación del Consejo Federal Hidrovía, con representación del Poder Ejecutivo Nacional y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Del mismo modo, habrá que establecer el procedimiento para la eventual revisión de tarifas o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago. Además, el organismo que conduce Beni tendrá que precisar el plan de obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para su ejecución, como también los niveles de calidad o estándares para la adecuada prestación de los servicios conexos involucrados.
En 1995, la gestión menemista otorgó la concesión de las tareas de mantenimiento, dragado y balizamiento del Paraná al consorcio Hidrovía, integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina EMEPA. Esta concesión venció el 30 de abril último, pero se estableció una prórroga para iniciar un proceso que permita definir el formato o modalidad de operación de la principal vía navegable troncal.
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