El tribunal supremo fue uno de los blancos del discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa.
Le atribuyó dejar vigente un tarifazo en el servicio de las telecomunicaciones y pidió que el Congreso analice este año su “composición y funcionamiento”. El proyecto de ampliación de la Corte que estudia un sector del gobierno.
Por Franco Mizrahi y Ari Lijalad · ElDestapeWeb.com
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue uno de los blancos del discurso de Alberto Fernández durante la apertura del año legislativo. Las referencias, puntuales, a la cabeza del tercer poder del Estado fueron cuando abordó el capítulo judicial. Por un lado, le atribuyó dejar vigente un fallo que habilitó un tarifazo en los servicios de las telecomunicaciones.
Al mencionar el tema, el presidente habló de “un acto de complicidad judicial con el poder económico real”. Por otro, le pidió al Congreso que durante “este ejercicio legislativo” avance con cambios en la “composición y funcionamiento” del Tribunal Supremo. En esa línea, según informaron fuentes gubernamentales, un sector del gobierno trabaja en un proyecto que contempla una ampliación del alto tribunal para llevarlo a 25 integrantes y dividirlo en salas “temáticas”. A la luz de la relación de fuerzas vigentes hoy en el Congreso, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar esa modificación.
Los cuatro ministros cortesanos, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, escucharon las críticas presidenciales en vivo y en directo ya que finalmente concurrieron al Parlamento para ser parte del acto institucional.
El favor de la Justicia a Clarín
“Un acto de complicidad judicial con el poder económico real”. Así describió el presidente Alberto Fernández a los favores que recibió el Grupo Clarín para aumentar a gusto las tarifas de cable, internet y celular pese a que un decreto lo prohíbe. “En el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios -explicó Alberto durante la Asamblea Legislativa-. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital. A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”.
El decreto suspendido por la Justicia es el 690 del 21 de agosto del 2020, con el cuál el presidente Fernández estableció que el cable, internet y la telefonía fija y celular son servicios públicos en competencia por lo que los precios son regulados por el Estado. El Grupo Clarín judicializó este decreto. Primero lo hizo en enero de 2021, en plena feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa rechazó dictar una cautelar para suspenderlo. La empresa apeló y logró un fallo a favor de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, firmado por los camaristas Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. El ENACOM apeló el fallo pero la Cámara no aceptó el recurso extraordinario para que el expediente llegue a la Corte. El Gobierno tuvo que ir en queja al máximo tribunal, el último recurso.
La Corte aún no trató el tema, tal como advirtió el presidente en su discurso. Carlos Rosenkrantz debería excusarse por haber sido abogado de Clarín (armó una ONG trucha para lograr la continuidad irregular de Fibertel) pero, tal como reveló El Destape, ya advirtió que intervendrá en expedientes de sus ex clientes. Los restantes cortesanos, Rosatti, Lorenzetti y Maqueda, parecía prácticamente imposible que se pusieran de acuerdo para conformar un fallo con los tres votos necesarios pero hace unos días le hicieron otro favor a Clarín al convalidar que el Estado no pueda controlar la fusión Telecom-Cablevisión y la estafa que esa operación implicó para la ANSES.