¿Qué tiene que pasar para que de una vez por todas algún gobierno santafesino ponga bajo control al Hospital Provincial de Rosario, que atiende a miles de pacientes por año? ¿Hace falta que haya muertos? … Una vez un director del Provincial propuso a la policía infiltrar a un agente para que investigara la ola de irregularidades que sufre sistemáticamente. Y justo ahora que se habla de traer efectivos del FBI para encontrar al Loco de la Escopeta, no estaría nada mal que le pidan también ayuda para que intervenga en el hospital. El ministro de Salud, Fernando Bondesío, dijo esta semana que llegará «hasta el hueso» para esclarecer el tema, pero es lo mismo que prometieron todos sus antecesores, y nunca cumplieron.
En los últimos años el Provincial viene siendo víctima de una sucesión de escándalos: sabotajes, robos, amenazas, fraudes, maniobras irregulares y hechos de corrupción. Pero llamativamente ninguno fue aclarado. Y pese a que las sospechas siempre recaen sobre la dirigencia de UPCN (sindicato que nuclea a los empleados públicos santafesinos), jamás los responsables son identificados y separados de sus cargos.Varios ex directores del Provincial denunciaron en reiteradas oportunidades que UPCN ejerce un poder paralelo en el hospital a través del cuerpo de delegados. Incluso uno de ellos, José Tosoni, señaló que «hay una mafia que hace lo que quiere. Es más, se trata de una banda organizada que ostenta mucho poder».
Y recientemente, el actual director del Provincial, Patricio Campbell, fue claro: «Al hospital se lo conoce como Fuerte Apache (en el sentido de que es ingobernable), y yo no quiero ser su cacique. Hay una dirección paralela y la maneja una dirigente gremial de UPCN. Y cuando alguien le quiere poner el cascabel al gato surgen amenazas de paro y boicot. Esto en la Argentina se tiene que terminar».
El resumen de los ilícitos que viene padeciendo el hospital fue detallado esta semana hasta por el propio Bondesío: robos sistemáticos (gasoil del tanque del generador eléctrico, aparatos médicos, computadoras, tubos de oxígeno, cables de la red de computación y televisores, entre otros); maniobras fraudulentas con cheques, pago de haberes a agentes que nos prestaban servicios, incendio intencional de la oficina de contaduría para eliminar pruebas de irregularidades en la que estaban involucrados empleados del hospital y actos de sabotaje (como por ejemplo la falta de oxígeno en las salas de neonatología y terapia intensiva, y sorpresivos cortes de luz).
Toda esta situación repercute en la calidad del servicio de salud que brinda el hospital y en muchos casos hasta se puso en riesgo la vida de los pacientes. Es como que en cada uno de estos actos se quiere dejar en claro quién manda en el hospital.
Esto fue lo que le sucedió la semana pasada al jefe de Cirugía del Provincial, Semy Seineldín, quien todo indica sufrió un intento de sabotaje cuando apareció formol en un envase de anestesia. Seineldín fue quien había apuntado a UPCN como responsable del desgobierno del hospital tras descubrirse que empleados vendían a remiseros el gasoil del generador de electricidad y lo reemplazaban por agua.
¿Pero cuál es el poder que tiene UPCN que ningún ministro de Salud lo puede doblegar? ¿Por qué los funcionarios parecen atados de pies y manos para terminar con esta situación? ¿Por qué los sucesivos directores del Provincial nunca tienen el suficiente respaldo político del gobierno para actuar?
Algunos dicen, no sin exagerar un poco, que el eterno titular de UPCN, Alberto Maguid, es el hombre más influyente de la política santafesina y que se mueve como si fuera el verdadero gobernador en las sombras.
Por lo pronto, la estrecha relación del veterano sindicalista con los distintos gobiernos justicialistas es más que evidente. Siempre ha tenido y tiene free pass a los despachos del poder en Santa Fe.
Y si faltaba alguna prueba, ahora Maguid la ha dado nuevamente: encabeza una lista como candidato a diputado provincial que lleva a lo más granado del oficialismo justicialista santafesino: Reutemann, Hammerly y Muniagurria.
Entonces, ¿qué funcionario provincial se puede animar a dar la orden de investigar a fondo la escandalosa situación del Hospital Provincial cuando el propio gobernador comparte la lista con el jefe del sindicato sospechado?