Aún es pronto para llamar a Jair Bolsonaro presidente, porque esta elección fue la mayor farsa de la historia brasilera, comenzando por la montaña de irregularidades en la propaganda electoral, que todavía no fue evaluada por el TSE (Tribunal Superior Electoral).
El TSE tiene que explicar a la población brasilera por qué no anuló la fórmula de Bolsonaro, después de las denuncias sobre el gigantesco fraude cometido en la propaganda electoral del primer turno de las elecciones presidenciales, además del evidente abuso de poder y el favoritismo que el candidato militar recibió de medios evangélicos como la Red Record.
El caso fue denunciado por la periodista Patricia Campos Mello bajo el título “Empresarios pagan campaña contra el PT por WhatsApp” (leer aquí). La operación de propaganda difamatoria, organizada por militares, que hackeó el sistema electoral brasilero con la anuencia de otros tribunales que ahora se callan, es ilegal por dos motivos: la publicidad no fue presentada al TSE y fue patrocinada clandestinamente por empresas conectadas al candidato.
La denuncia abierta ante el TSE, exige resolución de dos delitos: 1) la Caja 2 (clandestina) de donaciones de campaña no declaradas y 2) propaganda abusiva por utilizar bases de datos compradas sin el consentimiento de quien recibiría esa lluvia de mensajes por SMS y Whatsapp.
Sólo una de esas donaciones ilegales tendría el valor de más de R$ 12 millones de reales (3 millones de dólares) para un contrato de envío de millones de mensajes. Eso –por sí sólo– ya sería prueba suficiente para impugnar la candidatura y cancelar la fórmula de los militares Bolsonaro y Mourão.
El envío masivo de noticias a través de smartphones y aparatos móviles, también puede haber ocurrido durante la huelga de desabastecimiento organizada por camioneros pocos meses antes de las elecciones. Esa huelga habría servido de laboratorio para probar las herramientas de spam segmentado vía whatsapp y de piezas de publicidad difamatorias y calumniosas que después se utilizaron masivamente la última semana previa al 1º turno.
Durante los dos turnos de las elecciones hubo centenares de delitos, fraudes y maniobras extrañas que deben ser cuidadosamente analizadas por el TSE, como son los 3 millones de credenciales de elector suspendidas y los 2 millones de domicilios electorales modificados a pocos días de las votaciones. También las medidas adoptadas del Ministerio Público Federal, como la disminución de ómnibus y otros medios de transporte en territorios afines al PT (como la ciudad de Salvador de Bahia), las muertes, intimidaciones e incontables ataques a quienes hacía campaña callejera, las decenas de invasiones de universidades federales y el claro fraude en la propaganda electoral a través del envío masivo de Spam a millones de personas a través del Whatsapp con dinero de caja 2.
Esa investigación puede ocurrir antes de la fecha fijada para la posesión y la fórmula de Bolsonaro ser anulada por los crímenes de abuso de poder económico, amenaza, incitación al odio, propaganda engañosa y financiación ilegal de campaña.
Si los Tribunales Electorales de Brasil no reaccionan, amplios sectores de la población brasilera se están organizando para denunciar esto al mundo. En el segundo turno ya fue iniciada una onda de resistencia no-violenta, que está concientizando a la gente sobre cómo todo esto ocurrió de forma orquestada y sistemática.
La votación ya terminó, pero no así el proceso electoral. El TSE anunció que responderá los cuestionamientos que está recibiendo. Existen motivos más que suficientes para exigir la anulación de la fórmula de Bolsonaro.
Esa elección sólo acaba cuando vuelva la democracia con elecciones justas, cuando todos los candidatos sean tratados sin favoritismos en los tribunales y sin ventajas ilegales en los principales vehículos de Internet, radio y TV.