Gravará por única vez a unos 12 mil contribuyentes. La recaudación irá a planes sanitarios, productivos, educativos y sociales
Con 42 votos a favor y 26 en contra, el Senado nacional convirtió en ley el aporte solidario y extraordinario sobre las grandes fortunas, que grava por única vez los patrimonios superiores a los $ 200 millones. Lo pagarán unas 12 mil personas y tiene como objetivo recaudar $300 mil millones, que se destinarán a planes productivos, sanitarios y sociales.
El Frente de Todos impulsó la iniciativa, que venía con media sanción de Diputados, mientras que Juntos por el Cambio se opuso.
Al abrir el debate, el miembro informante del oficialismo y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, explicó que se trata de “un aporte único que se decide pedir en una situación excepcional” y remarcó que ayuda a recuperar a la economía de la pandemia.
El senador del Frente de Todos, Jorge Taiana, explicó que, en el marco de la pandemia, la comunidad “debe actuar a favor de la equidad y que los esfuerzos sean repartidos proporcionalmente a las capacidades de los distintos sectores”. Y la santafesina María de los Ángeles Sacnún, subrayó que el aporte excepcional que se pide “cumple con los requisitos de solidaridad y de justicia tributaria”.
Por último, la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, demolió los mitos planteados por la oposición para no apoyar el proyecto. “La fábula de que van a tener que vender máquinas y campos es una mentira; estos aportes y fortunas inmovilizadas en el exterior van a ir a la producción, a la conectividad, al Plan Gas; este aporte simplemente plantea que estamos ante una situación extraordinaria y pedimos que los que más tienen ayuden a la producción”, dijo.
También rechazó la idea de que “sólo se hacen inversiones cuando se bajan impuestos” y de que se trata de un capricho del presidente y su espacio político. “Hay seis países en Europa y cinco en América latina que están discutiendo proyectos de este tipo”, agregó.
La ley prevé el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de $ 200 millones. Esa tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.
La tasa subirá al 3% cuando los patrimonios oscilen entre 800 millones y 1.500 millones; al 3,25% para el rango de 1.500 a 3.000 millones de pesos, y a partir de esa cifra será del 3,5%.
Según confirmó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, durante en debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, el universo potencial total de personas humanas alcanzadas por el Aporte solidario y extraordinario asciende a 11.855 personas. Aunque el organismo no dio precisiones, estimaciones no oficiales indican que poco más de mil contribuyentes santafesinos podrían quedar alcanzado por este aporte.
Lo recaudado será aplicado a la compra y/o elaboración de equipamiento médico (20%), al subsidio de mipymes (20%), al Progresar (20%), a la urbanización de barrios populares (15%) y a programas de exploración y producción de gas natural (25%).
Desde la oposición, Martín Lousteau rechazó el proyecto, al considerar que es una recarga a la presión tributaria existente. “Con más de este Estado no vamos a salir de la pobreza”, dijo.
Roberto Basualdo, uno de los senadores de Juntos por el Cambio, al cual le correspondería pagar el aporte, señaló que se trata de un “impuesto anti-inversiones, confiscatorio y discriminativo”. Y remató: “Parece en este país que fuera pecado que a alguien le vaya bien”.