La propuesta de Giustiniani contempla la autonomía y cogobierno de las universidades, gratuidad e ingreso directo.
“La materia pendiente que queda en el Congreso después de haber aprobado la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de educación que derogó la Ley Federal del menemismo, es la sanción de una nueva Ley de Educación Superior”, advirtió el senador nacional y candidato por el Frente Progresista, Rubén Giustiniani, durante la presentación de su propuesta en materia educativa ante alumnos y docentes en la Facultad de Derecho de la UNR, y en la que también expusieron la decana de la Facultad de Bioquímica, Claudia Balagué, y el decano de la Facultad de Derecho, Ricardo Silverstein.
Giustiniani recordó que su iniciativa ya tiene estado parlamentario y plantea una normativa completamente nueva y no una mera reforma del régimen neoliberal de la Ley Nacional de Educación Superior 24.521. “Lograr una nueva Ley de Educación Superior es el compromiso que hemos asumido desde siempre, y no porque ahora estemos en campaña”, resaltó.
Los ejes de esta la iniciativa son: democratización del acceso; autonomía y cogobierno de las universidades, fortalecimiento de las misiones y funciones clásicas (enseñanza, investigación y extensión), gratuidad e ingreso directo, pertinencia y calidad, modificación de los sistemas de evaluación y acreditación previstos por la Ley 24.521, y la consolidación de un sistema de ciencia, tecnología e investigación a partir de su articulación con los sistemas educativos; todo esto mediante un adecuado financiamiento estatal.
Además, reafirmando el carácter público de la educación superior, la propuesta establece que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de su financiamiento, que en ningún caso puede ser inferior al del año anterior ni tampoco puede verse disminuido aduciendo la existencia de recursos propios.
“Los postulados del neoliberalismo durante la década del 90 redujeron la agenda educativa a reformas que priorizaron un criterio economicista siguiendo los lineamientos de los organismos de financiamiento internacionales. Estas reformas se llevaron a cabo a través de tres instrumentos legales: la ley de transferencia de los servicios educativos a las provincias, la ley federal de educación y la ley de educación superior. La consecuencia de estas reformas fue la desarticulación del sistema educativo y la profundización de las diferencias. Por ello, es necesario que el Estado retome hoy un rol protagónico en la delineación de la política educativa, y en la defensa de la Escuela y de la Universidad Pública como espacios fundamentales de construcción y socialización del conocimiento”, finalizó Giustiniani.-