El gobernador muestra como un logro de gestión, incluso personal el tema jubilatorio. Pero los anuncios ante la legislatura no son gestos del gobierno ni voluntad de un mandatario.
Son el resultado de la lucha sostenida por las y los trabajadores de la educación nucleados en AMSAFE, que nunca dejamos de luchar.
Si se anunciaron modificaciones con respecto al “aporte solidario” y el pago de aumentos a jubiladas y jubilados a los 30 días con respecto a los activos, no es por generosidad, es porque hubo y hay organización, reclamo, movilización y resistencia.
Seguimos exigiendo la derogación de la reforma previsional, aumento salarial genuino, cumplimiento efectivo e inmediato de la eliminación del bono que descuentan al sector pasivo, recomposición salarial, traslados y concursos, pago de todos los aumentos en igual tiempo y forma a activos y jubilados, eliminación del presentismo, derecho a la salud, condiciones dignas para enseñar y aprender.
¡Sigamos defendiendo derechos!
¡Fuerza compañeras y compañeros!
¡A seguir luchando!
Nota de Opinión
RESISTIR SIEMPRE
Las y los docentes de la provincia de Santa Fe atravesamos uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Lo vivimos a diario, salarios que no alcanzan, jubilados castigados, derechos laborales que se quitan, sumado a la extorsión permanente por parte de un gobierno que concibe a la educación pública y a quienes la sostenemos como simples variables de ajuste.
Nuestros salarios están muy por debajo de la línea de pobreza. Cada aumento es insuficiente e impuesto por decreto. En las escuelas sostenemos la tarea educativa con ingresos que no cubren lo básico, con pluriempleo, jornadas extendidas y una enorme sobrecarga laboral. Ponemos cuerpo, corazón y mente cada día, en tanto el desgaste físico y emocional crece sin reconocimiento ni respuestas.
En lugar de aumentar salarios, la definición del gobierno provincial es la de extorsionar con sumas en negro. El presentismo es una medida de presión y “disciplinamiento”. Es el premio por ir a trabajar enfermos/as; accidentados/as; o dejando a hijos/as, cónyuge o padres enfermos y vulnerables, sin cuidado. Es la crueldad de un gobierno que maltrata sin cesar a las y los trabajadores de la educación.
Los salarios docentes deben recuperar poder adquisitivo. No se trata de empatar a la inflación, sino de garantizar ingresos que permitan vivir con dignidad, con cláusulas de actualización real y mecanismos que protejan el salario frente a la inflación. La educación no se sostiene con pluriempleo, agotamiento y sacrificios constantes.
Las y los jubilados, que dedicaron su vida a sostener la educación y la escuela pública, cobran los aumentos salariales 60 días después que los activos y muchos deben seguir aportando un bono a la Caja de Jubilaciones. El gobierno provincial los castiga sistemáticamente, vulnerando el derecho a una jubilación digna, eliminando la movilidad. La jubilación tiene que ser una etapa de reconocimiento.
A esto se le suma la ausencia de concursos de titularización y de traslado que impide la estabilidad laboral y la previsibilidad en la carrera docente. La convocatoria a concursos de titularización y traslado no puede seguir esperando.
La salud laboral es otra de las preocupaciones de la docencia. Las políticas provinciales lejos de vincular las afecciones de salud con las malas condiciones de trabajo y de prevenir a través de acciones discutidas en los ámbitos paritarios, coloca a las y los trabajadores bajo sospecha permanente. El objetivo es castigar. El premio a la asistencia perfecta es, en realidad, un castigo para quien se enferma.
Los problemas con la obra social agravan la realidad de las y los trabajadores activos y jubilados: demoras en autorizaciones, recortes en prestaciones, copagos cada vez más altos y una cobertura que no responde a necesidades reales. Es fundamental mejorar el acceso a prestaciones y asegurar una gestión con control y participación de las y los afiliados al IAPOS.
En paralelo, a nivel nacional, avanza un intento de reforma educativa que retoma viejas recetas de ajuste, mercantilización, debilitamiento del rol del Estado y avance de modelos empresariales sobre la escuela pública. Lo que se presenta como modernización es, en realidad, un retroceso que pone en riesgo el derecho social a la educación y el carácter público del sistema educativo.
Frente a esto, lejos de bajar los brazos, resistimos y seguimos de pie, porque sabemos que hay salida. La salida es colectiva, fortaleciendo la organización sindical, continuando la lucha por salarios dignos, jubilaciones justas, concursos, traslados, salud y respeto por el ámbito paritario.
En cada escuela, en cada aula, en la calle, defendemos el derecho social a la educación y los derechos de las y los trabajadores.
Al ajuste le respondemos con más unidad, más lucha y más escuela pública.
¡Nada nos regalaron, lo ganamos luchando!
Adriana Monteverde
Delegada Seccional
AMSAFE SAN LORENZO