José Luis Capella, director del Programa de Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) alertó sobre los riesgos ambientales que representa el pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo y que hasta el momento fue rechazado por siete comisiones de la cámara de Diputados del Congreso de la República.
Áreas Naturales Protegidas y Pueblos PIACI en riesgo
En el medio de comunicación Radio Programas del Perú (RPP) Capella señaló que “tenemos áreas que son muy importantes como parques y santuarios en donde se prefiere no hacer actividades como la explotación de minerales, o los hidrocarburos. Esa regla, según el pedido de facultades y sobre todo la exposición de motivos, se está tratando de trastocar con el fin de promover inversiones, sobre todo de hidrocarburos”.
Respecto a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) cuya norma es la Ley 28736, indicó que esta “tiene 20 años de vigencia y se ha mantenido durante tantos gobiernos; quiere ser modificada para que se cambien las condiciones y se pueda entrar a explotar, sobre todo hidrocarburos, dentro de los territorios».
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Comisión Episcopal de Acción Social destacaron que en material ambiental, el pedido de facultades legislativas “nos debe mantener en vigilancia” ya que estas ponen en riesgo nuestras Área Naturales Protegidas (ANP) (amenazan la biodiversidad y el equilibrio ecológico), la gestión de nuestros territorios y los derechos de las comunidades locales”.
“Las cosas importantes siempre requieren la actuación del Estado, y no es que el Estado pueda tomarse todo el tiempo que pueda. Aquello que es sensible, como los derechos humanos, el ambiente, la biodiversidad, requiere siempre que el Estado diga, que no haya silencio. Si apelamos a que la respuesta es el silencio, estamos obviando lo importante que puede ser una decisión técnica, incluso de participación, para dar paso a que “pasaron tus 30 días y ya está”. Es decir, la ineficacia del Estado se puede convertir en algo que atente contra los derechos humanos de las personas, la biodiversidad del país y eso nos parece riesgoso” concluyó el director Capella.
Redacción Perú
