El gobierno de Santa Fe confirmó de manera definitiva la paralización del barrio cerrado Damfield, en la ciudad de Funes, al desestimar la revocatoria administrativa presentada por la empresa Davik SA contra la clausura de las obras. La medida quedó formalizada a través de un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, que reafirma la posición oficial y sella el cierre del trámite administrativo.
La norma, fechada el 30 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial, consideró “improcedente” el reclamo empresario, iniciado en 2024 tras la orden de paralización total del proyecto. Desde el Ejecutivo provincial sostienen que el emprendimiento es inviable por su localización en un área inundable, de reserva ambiental, y por el riesgo que implicaría para zonas urbanas de Funes y Rosario frente a lluvias intensas.
La decisión se apoya también en el fallo reciente del Juzgado Civil y Comercial Nº18 de Rosario, a cargo de la jueza Susana Gueiler, que rechazó el amparo presentado por la desarrolladora. En su sentencia, la magistrada concluyó que la clausura no fue arbitraria y remarcó que la empresa no contaba con las autorizaciones necesarias, en especial el certificado de aptitud ambiental.
El conflicto se intensificó en los últimos meses a raíz de la venta de lotes sin autorización definitiva, lo que derivó en reclamos de inversores y compradores. En ese marco, el futbolista Denis Rodríguez –inversor en el proyecto– presentó una denuncia penal por presunta estafa, que actualmente analiza el fiscal Ramiro González Raggio.
La decisión gubernamental encendió de fastidio al intendente de Funes, Roly Santacroce, quien cargó contra el secretario de Recursos Hídricos provincial, Nicolás Mijich. “Ese funcionario es un irresponsable, ya se lo dije al gobernador. Frenó más de 60 emprendimientos en toda Santa Fe. Esas decisiones impiden la creación de cientos de puestos de trabajo y generan un fuerte impacto económico. Los ingenieros ya lo dijeron y presentaron certificados que confirman que el lugar no se inunda”, enfatizó.
Con el expediente administrativo cerrado, Davik SA quedó sin una vía inmediata para revertir la decisión. Si bien aún podría recurrir al fuero Contencioso Administrativo y apelar la sentencia judicial —que es de primera instancia—, en el gobierno provincial advierten que no hay perspectivas de una solución a corto plazo.
Desde el Ministerio de Obras Públicas fueron contundentes sobre el futuro del proyecto: el diseño original no tiene factibilidad. A lo sumo, señalaron, los propietarios podrían replantear el uso del suelo, con una superficie habilitable para viviendas permanentes que no superaría entre el 3 y el 5 por ciento del predio. También descartaron cualquier modificación legislativa que permita concretar el barrio cerrado tal como fue concebido. ROSARIOPLUS